La opositora Alianza Cívica denunció este lunes la detención "arbitraria" e "ilegal" de Edgar Parrales, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y crítico con el Gobierno de Daniel Ortega.
La detención de Parrales, de 79 años, se realizó por parte de dos hombres vestidos de civil frente a su casa en la capital del país, Managua, según confirmó su esposa, Carmen Dolores Córdova, a la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, detallaron medios locales.
"Se va a tratar de averiguar si está en alguna unidad policial. Definitivamente, no pueden ocultar si están mandando gente de civil a capturar, o deben aclarar si son delincuentes los que están haciendo eso", dijo Núñez al respecto.
Por su parte, el secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva, condenó el "secuestro ilegal del exembajador" y avisó de que la captura se debe a sus declaraciones en medios sobre su experiencia diplomática.
Las declaraciones a las que se refiere Leiva serían las brindadas por Parrales en una entrevista con el medio 'La Prensa' sobre la renuncia y denuncia del Gobierno de Nicaragua a la Carta Democrática de la OEA.
El exembajador indicó que "aún con la denuncia, Nicaragua sigue siendo miembro del organismo durante dos años" por lo que "le van a aplicar la Carta Democrática Interamericana".
Otras tantas organizaciones lamentaron el arresto del diplomático y han achacado la responsabilidad al Ejecutivo de Ortega, como es el caso del director de la ONG Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco.
"El mensaje de Ortega es claro: va a perseguir a cualquiera que lo critique", alertó Vivanco a través de su perfil de Twitter, donde ha llamado a la OEA a "evaluar de manera urgente la suspensión de Nicaragua", dijo Vivanco.
Así, la CIDH instó al régimen de Ortega a "liberar de inmediato a las personas detenidas y restablecer garantías para el pleno goce de los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses".
Más de 40 personas, en su mayoría opositores y entre ellos siete precandidatos presidenciales, están detenidos en Nicaragua desde mayo, en lo que ha supuesto la condena de la comunidad internacional por la represión en el país, especialmente de cara a los comicios celebrados el 7 de noviembre que dieron una cuestionada victoria a Daniel Ortega.